Despidos

A los 600 despidos del Centro Cultural Kirchner, los 2.000 del Senado de la Nación, los 1.000 de la Municipalidad de Quilmes y los 1.000 de la de Lanús, se suman las 4.500 cesantías en la Municipalidad de La Plata que ayer se encontraba custodiada por Gendarmería. El Intendente Garro -de Cambiemos- los firmó sin miramientos, siendo la mayoría de planta permanente. Algunos compañeros se encontraban encerrados y golpeados en el edificio, según una compañera del Municipio.

Pero esta masiva destrucción del empleo y persecución ideológica no se detiene allí. También existen despidos masivos en la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional. Los trabajadoras/es de esa dependencia se encuentran en estado de alerta y movilización ante 150 despidos realizados.

Según informan, están a la espera de conversaciones con los funcionarios correspondientes de diversas áreas para que expliquen los "diversos mecanismos" por los cuales se está atentando contra la continuidad de numerosos puestos de trabajo.

Por un lado, el organigrama de la Secretaría de Comunicación Pública ha sido modificado. El último día del año pasado, circuló de manera informal un listado con los nombres de quienes no serían contratados. Ante la insistencia de los trabajadores, esta situación se estaría revisando y los trabajadores deberían ser reubicados. Pero aún no tienen certeza sobre cómo se hará y si se hará esa reubicación.

Por otro, dos áreas fueron transferidas a la órbita de otros ministerios -al de Modernización y al de Interior-, dependencias que aún no acusaron recibo. En este contexto se encuentra el Comité de Lucha contra la Trata de Personas que se encuentra desde hace un mes paralizado en sus funciones.

Mientras tanto, en Jefatura de Gabinete ya se ha impedido el ingreso de los trabajadore/as, instalándose inclusive en uno de los pisos una custodia de la Policía Federal.

Esta clara persecución y demonización en desmedro de los derechos laborales, también realizado en otras dependencias del Estado y ministerios, se contextualiza dentro del maltrato laboral que consiste primero en no establecer ninguna comunicación con los trabajadores que deben renovar sus contratos -que poseen diversos formatos- con la filtración de datos de forma irregular, con la redacción y difusión de decretos que ni siquiera se respetaron.